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La imputación proviene del servicio antifraude francés, que afirmó que el fabricante de automóviles minimizaba las emisiones de óxido de nitrógeno en las pruebas de homologación.
Los servicios franceses del antifraude (DGCCRF) consideran que el grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën utilizó mecanismos de trucaje en sus motores diésel para minimizar las emisiones contaminantes de óxido de nitrógeno (NOx) en las pruebas de homologación, reveló el diario francés “Le Monde”.
La DGCCRF comunicó en febrero su informe de conclusiones a la justicia, que abrió una instrucción el 7 de abril, de la que se encargan tres jueces especializados en sanidad en el Tribunal de Gran Instancia de París, un procedimiento similar al que se lleva a cabo contra Volkswagen, Renault y Fiat Chrysler también por la tecnología diésel, precisó el periódico.
En el caso de PSA, los autores del informe calcularon que hay “al menos 1.914.965 vehículos” de la generación Euro 5 (la norma en vigor hasta 2015, vendidos entre septiembre de 2009 y septiembre de 2015), cuyos motores funcionan con “estrategias fraudulentas”.
Se trata de nueve modelos, entre los cuales los Peugeot 208, 807 y 5008, así como los Citroen C3 y C5, que aunque en los test de homologación no superaban el límite de emisiones de NOx (180 miligramos por kilómetro), en condiciones reales las aumentaban entre 30 y 170 %.
La razón es que —siempre según antifraude — tienen un dispositivo que activa un régimen bajo de emisiones únicamente cuando detecta las condiciones de esos test mediante un “calculador de control del motor”.
Lo hace mediante una estrategia de “calibrados fraudulentos” que en ese caso pone en marcha el llamado modo “LowNox”.
Este es un perfil que reduce las emisiones de esos gases contaminantes, pero aumenta el consumo de carburante y reduce la potencia del vehículo.
Hay un segundo modo, “LowCO2,” que es el que se activa habitualmente cuando el cliente del auto lo utiliza, y que disminuye el gasto de combustible aunque el automóvil tiene más brío a costa de un aumento significativo del NOx.
La multa potencial para PSA en caso de que los tribunales confirmaran esas conclusiones sería de hasta 5.000 millones de euros, equivalente al 10 % de la media de la facturación del grupo en los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Pero para la DGCCRF, la maniobra presuntamente ilegal no se limitó a los vehículos diésel bajo la norma Euro 5, sino que también se ha prolongado con la Euro 6, es decir, con los modelos comercializados desde septiembre de 2015.
Los investigadores están convencidos de que la dirección de PSA estaba al corriente y que había una “estrategia global para fabricar motores fraudulentos y luego comercializarlos”, y por eso acusan al actual presidente, Carlos Tavares, pero también sus predecesores Jean-Martin Folz, Christian Streiff y Philippe Varin.
















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